La semana pasada, el congresista estadounidense Adriano Espaillat intentó blanquear el horrendo historial de derechos humanos de la República Dominicana cuando atacó los Informes sobre Prácticas de Derechos Humanos del Departamento de Estado en 2023: República Dominicana, afirmando que estaba «altamente distorsionado de la realidad» y era «excesivo y agresivo«.

Es claro que este es un esfuerzo intencional por parte del Congresista para proteger al gobierno del Presidente Abinader y asegurar que la America’s Act, de la cual él es uno de los principales patrocinadores, no sea desviada por preocupaciones sobre el récord de la República Dominicana en derechos humanos, combate a la explotación sexual de niños, tráfico de drogas, trabajo forzado, incluido el trabajo infantil forzado, entre otros.

En respuesta, hoy, el líder de la Iniciativa de Justicia Dominicana, Mario H. López, presidente del Hispanic Leadership Fund, expresó una profunda preocupación en una carta al Representante Espaillat señalando que el congresista “atacó” la veracidad del informe “sin aportar fundamentos ni pruebas”.

López escribe que el informe del Departamento de Estado es «el resultado de una investigación liderada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento, en cooperación con las embajadas de Estados Unidos, países socios, compromiso con la sociedad civil local, entrevistas en primera persona, entre otras fuentes.«

En la carta, López detalló hechos públicamente documentados que respaldan cada una de las conclusiones clave en el informe de 2023, muchos de los cuales han sido ampliamente reportados en los medios dominicanos. Incluyen hallazgos del Estado sobre el abuso de la prisión preventiva, detención arbitraria, condiciones inhumanas en las cárceles, la brutalización de los presos y la falta de verificación de la nacionalidad o residencia de los presos, que han sido ampliamente documentados por organizaciones de la sociedad civil dominicana y han generado preocupaciones entre otros miembros del Congreso, señaló López.

En cuanto a los hallazgos del Estado sobre el trabajo forzado, López señaló «informes impactantes sobre las condiciones de vida precarias de estos trabajadores explotados, muchas veces sin electricidad ni agua corriente, cuando se ven obligados a trabajar de 12 a 14 horas por menos de $2 al día«. Esto fue confirmado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, escribió López, «cuando emitió una Orden de Retención para las importaciones de azúcar procedentes de la República Dominicana«.

López también informó al congresista Espaillat que los hallazgos del informe sobre trata de personas y explotación infantil siguieron «la rebaja de la República Dominicana en junio de2023 a la Lista de Vigilancia del Nivel 2 por el fracaso del gobierno de Abinader en abordar la trata de personas en todo el país«. Señaló que «el Informe sobre Trata de Personas (TIP) de junio de 2023 específicamente señaló el fracaso del gobierno dominicano en fortalecer las leyes ‘que eliminarían el requisito de demostrar fuerza, fraude o coerción en casos de trata sexual con víctimas infantiles«.

“De hecho,» agregó López, «los hallazgos del informe respaldan los argumentos para degradar a la República Dominicana al Nivel 3 en la Lista de Observación bajo la Ley de Protección a las Víctimas de Trata (TVPA)«.

La carta completa está disponible aquí y copiada a continuación:

9 de mayo de 2024

Estimado Representante Espaillat:

En nombre de la Iniciativa de Justicia Dominicana, un proyecto del Hispanic Leadership Fund, quiero expresar respetuosamente mi preocupación por sus recientes comentarios atacando los Informes sobre Prácticas de Derechos Humanos 2023 del Departamento de Estado de EE. UU: República Dominicana.

El informe anual del Departamento de Estado se enfoca en documentar «los derechos individuales, civiles, políticos y laborales reconocidos internacionalmente, según lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales«. El informe no es algo que el Departamento de Estado inventó de la noche a la mañana; más bien, es el resultado de investigaciones lideradas por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento, en cooperación con las embajadas de EE. UU., países socios, compromisos con la sociedad civil local, entrevistas en primera persona, entre otras fuentes.

A pesar de esto, sin proporcionar sustentación o evidencia, etiquetaste el informe como «excesivo y agresivo.«

Le instamos encarecidamente a que considere estos hechos sobre los abusos a los derechos humanos que tienen lugar a manos del gobierno dominicano:

  • Abuso de la Prisión Preventiva: Según el informe, «Muchos sospechosos soportaron largas detenciones preventivas. Un juez podría ordenar una detención que duraría entre tres y 18 meses…con algunas detenciones que al parecer duraron años«. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) ha instado repetidamente al Ministerio Público dominicano a abordar la crisis de la prisión preventiva. La CNDH ha informado que más del 80% de la población carcelaria en la República Dominicana está bajo prisión preventiva, lo cual viola directamente tanto la ley dominicana como acuerdos internacionales específicos sobre derechos humanos.
  • Condiciones inhumanas en las cárceles: Según el informe, el sistema penitenciario y de detención de la República Dominicana está plagado de «condiciones severas y peligrosas en prisiones antiguas, como hacinamiento, violencia, abuso físico y malas condiciones de vida e higiene«. Estas condiciones, incluido el grave hacinamiento, han sido ampliamente documentadas y reportadas públicamente. Los recientes incendios mortales en La Victoria, Higüey, junto con el motín del fin de semana pasado en Barahona, han subrayado problemas urgentes que el gobierno de Abinader no ha logrado abordar.
  • Trato inhumano de prisioneros: Según el informe, la «Oficina Nacional de Defensa Pública, las autoridades gubernamentales no investigaron adecuadamente las acusaciones creíbles de maltrato en las cárceles«. El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, ha informado públicamente abusos físicos «recurrentes» por parte del personal carcelario en El Pinto de La Vega. A pesar de los evidentes signos de abuso físico, el personal etiquetó las lesiones como meros actos de “someterlo a la obediencia» y negaron asistencia médica adicional a los prisioneros heridos.
  • Detención arbitraria: Según el informe, «Los arrestos arbitrarios y detenciones sin autorización judicial siguieron siendo un problema«. En noviembre pasado, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (GTDA) determinó que las acciones del gobierno dominicano con respecto al ex Procurador General Jean Rodríguez Sánchez violaban múltiples artículos tanto de la Declaración Universal de Derechos Humanos como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Funcionarios dominicanos, en un esfuerzo por blanquear su sistema judicial abusivo, desestimaron la opinión legal de la ONU como «chantaje«.
  • Detención ilegal de ciudadanos estadounidenses: Según el informe, «Durante las operaciones de detención y en las instalaciones de detención, los funcionarios de migración no tenían acceso a una base de datos centralizada para verificar la nacionalidad o el estado de residencia de las personas detenidas«. Existe una fuerte probabilidad de que ciudadanos estadounidenses hayan sido atrapados en la crisis de prisión preventiva del gobierno dominicano. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU., Michael McCaul, expresó su preocupación al Secretario de Estado Anthony Blinken en una carta en la que señalaba que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales podrían estar bajo órdenes de prisión preventiva en la República Dominicana.
  • Trabajo Forzado: Según el informe, «El proceso para abordar las violaciones laborales a través de los tribunales penales podría llevar años, dejando a los trabajadores con una protección limitada mientras tanto«. La República Dominicana ha sufrido durante años graves problemas de trabajo forzado, que defensores etiquetan como «esclavitud moderna«. Hay informes impactantes sobre las precarias condiciones de vida de estos trabajadores explotados, a menudo sin electricidad y agua corriente, cuando se ven obligados a trabajar de 12 a 14 horas por menos de $2 al día. En 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó esta preocupación cuando emitió una Orden de Retención para la importación de azúcar procedente de la República Dominicana.
  • Trata de personas, Trata de personas con fines sexuales y Explotación infantil: Según el informe, «la pornografía infantil era rampante y crecía debido a la facilidad de explotación en línea» por la falta del gobierno de «hacer cumplir la ley efectivamente«. Esto sigue a la rebaja de la República Dominicana en junio de 2023 a la Lista de Observación del Nivel 2 por el fracaso del gobierno Abinader para abordar el tráfico de personas en todo el país. El Informe sobre Tráfico de Personas (TIP) de junio de 2023 específicamente señaló el fracaso del gobierno dominicano en fortalecer las leyes que “eliminarían el requisito de probar fuerza, fraude o coerción en casos de tráfico sexual que involucran a víctimas infantiles«.

Como miembro del Congreso nacido en la República Dominicana y alguien cuya población del distrito es de más del 30% de origen dominicano, seguramente los hallazgos del propio informe de la administración Biden no pueden ser simplemente desestimados. De hecho, los hallazgos del informe respaldan los argumentos para rebajar a la República Dominicana al Nivel 3 en la Lista de Observación según la Ley de Protección a las Víctimas de Tráfico (TVPA).

Le instamos a considerar la realidad de los abusos a los derechos humanos que tienen lugar en la República Dominicana. Y si hay pruebas de que el informe del Departamento de Estado está falsificado, le recomendamos que haga públicas sus conclusiones y las comunique directamente al Secretario de Estado.

Atentamente,

Mario H. López

Presidente, Hispanic Leadership Fund/Iniciativa de Justicia Dominicana.