El fin de semana pasado, la República Dominicana celebró el Día del Poder Judicial, donde la prensa elogió el compromiso del Poder Judicial con la dignidad humana y la modernización. Sin embargo, en medio de estas celebraciones, la magistrada del Juzgado Quinto de Instrucción, Rosalmy Guerrero, admitió que «hay un exceso de prisión preventiva y eso es parte de la conciencia que debe tener el Poder Judicial».    

Este reconocimiento de la crisis de derechos humanos de la prisión preventiva sin duda agrega presión a los fiscales Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Hasta ahora, el dúo ha ignorado la creciente condena de la prisión preventiva al esconderse detrás de millones en fondos de USAID por supuestamente comprometerse «con reformas democráticas».

Sus afirmaciones están en desacuerdo con la realidad. Voces de todo el espectro judicial y legal en la República Dominicana claman por una reforma, citando la denegación del debido proceso derivada del uso excesivo de la prisión preventiva.

El presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS), Fidel Lorenzo Merán, numerosos juristas y profesores universitarios, y altos funcionarios de la Fundación Institucional y Justicia (FINJUS), expresaron serias preocupaciones sobre estas violaciones al debido proceso. Una evaluación reciente de la FINJUS declaró que «solo frente a los casos que impliquen mayor gravedad y complejidad es que se debe procesar judicialmente con esta medida». Sin embargo, Reynoso y Camacho consideran que esto se refiere a cualquier caso con el que entren en contacto.

Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Henry Molina, condenó el uso continuo de la prisión preventiva y señaló que «el objetivo no debe ser imponer medidas de coerción, sino servir justicia, con prontitud».

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) de la agencia dominicana de asistencia jurídica detalló la crisis de la prisión preventiva en su informe de abril de 2023, que encontró que el 70% de todos los detenidos en las cárceles dominicanas están recluidos de forma preventiva, coincidiendo con lo que la OEA encontró en su extensa condena de 1999 al sistema de justicia penal dominicano.

Preocupación del Congreso de EE. UU. y la administración de Biden aún no se han pronunciado

La crisis ha durado 25 años, pero finalmente ha llamado la atención de los miembros del Congreso y del Departamento de Estado. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes (HFAC, por sus siglas en inglés), Michael McCaul, publicó una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, en la que expresa su preocupación por el número de ciudadanos estadounidenses detenidos arbitrariamente bajo órdenes de prisión preventiva en la República Dominicana, junto con preguntas sobre cómo los fondos de USAID apoyan estos programas de prisión preventiva. Describiéndolo como «un problema endémico que claramente afecta a los dominicanos, y muy probablemente, también a los estadounidenses», McCaul le pidió a Blinken «que tome medidas inmediatas e investigue a fondo estos casos», sin respuesta.

El representante Troy Nehls (R-TX) ha profundizado en estas preguntas, preguntando al Departamento de Justicia si los programas financiados por los contribuyentes están apoyando el uso excesivo de las órdenes de prisión preventiva por parte de la República Dominicana contra ciudadanos estadounidenses. Una vez más, no hay comentarios de la Administración de Biden.

Las preocupaciones de McCaul y Nehls coinciden con las conclusiones del Departamento de Estado de su Informe de Derechos Humanos de 2022 sobre la República Dominicana, que pone de relieve esta grave situación. Sin embargo, a pesar de esta atención sobre una situación desesperada de derechos humanos, la administración de Biden permanece en silencio.

El apoyo de Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho a la justicia «a la dominicana»

El otoño pasado, la condena internacional a la detención preventiva en República Dominicana a manos de Reynoso y Camacho llegó a un punto crítico cuando el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTAD) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU determinó que el comportamiento del Ministerio Público violaba numerosos artículos tanto de la Declaración Universal de Derechos Humanos como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Humanos. El informe del GTAD también destacó directamente a Reynoso como “protagonista” de una “campaña de descrédito público” que “interrumpió sistemáticamente” el derecho a la defensa.

Sin embargo, Camacho negó las afirmaciones del Grupo de Trabajo, afirmando que las medidas de prisión preventiva son “resultado de una serie de procesos judiciales” y “por lo tanto legales”. Reynoso fue aún más combativo: firmó conjuntamente un comunicado de prensa con carga política que atacaba la legitimidad del Grupo de Trabajo de la ONU y desestimó cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos en el caso específico como “chantaje”.

La fingida indignación de Camacho ante las Naciones Unidas no le impidió viajar a Atlanta el mes pasado para la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), donde se jactó de una justicia “al estilo dominicano”. En un discurso ante los asistentes a la conferencia, Camacho afirmó: “Con orgullo, les invitamos a mirar hacia un país que, además de ser valorado por sus playas, el merengue o la bachata, ahora tiene para exhibir un sólido proceso de institucionalización democrática y un modelo estratégico de persecución”. Negar derechos básicos al debido proceso es ciertamente una justicia “al estilo dominicano”.

Es interesante que Berenice y Camacho acusen a la ONU de chantajear a la República Dominicana, y luego elogien a la CNUCC. ¿Es porque están utilizando la CNUCC como una herramienta para obtener información y datos en relación con los objetivos de la PEPCA? 

Es hora de rendir cuentas

Uno debe preguntarse quién en la administración está ignorando todas estas alarmas públicas. Con los crecientes llamados a la rendición de cuentas y los fiscales dominicanos haciendo alarde abiertamente de sus violaciones del debido proceso básico, la pregunta es ¿cuántas violaciones más de derechos humanos hasta que la administración de Biden defienda el estado de derecho en la República Dominicana?