El Asesor Especial Presidencial de los Estados Unidos para las Américas, Christopher J. Dodd, viajó a la República Dominicana del 7 al 9 de marzo en una visita que «subraya» el compromiso de los Estados Unidos de «defender la gobernanza democrática y el estado de derecho«, según el Departamento de Estado.
El Asesor Especial Dodd asistió en los márgenes de las Reuniones Anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Punta Cana, pero llegó justo cuando la República Dominicana está enfrentando una creciente presión internacional para enfrentar los cada vez peores abusos a los derechos humanos en su sistema de justicia.
El 28 de febrero, organizaciones de la sociedad civil dominicana confrontaron al gobierno dominicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por «constantes violaciones de los derechos humanos» en todo el sistema de justicia, como «corrupción, tortura, hacinamiento, medidas cautelares que se convierten en penas anticipadas» y un sistema penitenciario que es «un cementerio de hombres vivos«.
Al mismo tiempo, una jueza dominicana denunció una campaña de intimidación y persecución en su contra y la de su familia por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público también fue condenado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la ONU en noviembre pasado porque «interrumpió sistemáticamente» del derecho a la defensa, la prolongación ilegal de la prisión preventiva y práctica de detención arbitraria en violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos.
El patrón de abusos a los derechos humanos ha provocado la acción de organizaciones de la sociedad civil ante organismos internacionales para responsabilizar al gobierno dominicano y a entidades estatales, y presionar a la República Dominicana para detener el retroceso en el estado de derecho.
El Departamento de Estado también está plenamente consciente de la crisis de derechos humanos. Su Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos para la República Dominicana en 2022 documentó «informes creíbles» de «asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; trato cruel, inhumano o degradante o castigo por parte de la policía y otros agentes gubernamentales; condiciones penitenciarias duras y que ponen en peligro la vida, así como «detención arbitraria e interferencia arbitraria con la privacidad«.
Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales también han enfrentado detenciones arbitrarias, incluidos los afroamericanos que han sido perfilados racialmente por las autoridades dominicanas. La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo emitió una alerta en noviembre de 2022 después de que se informara que ciudadanos estadounidenses, especialmente «estadounidenses de piel más oscura y los estadounidenses de ascendencia africana«, fueron detenidos arbitrariamente por las autoridades dominicanas.
El mandato del Asesor Especial Dodd incluye la promoción de los derechos humanos en las Américas y «avanzar en la implementación de iniciativas clave anunciadas por el Presidente Biden en la Cumbre de las Américas» en 2022. Estas iniciativas incluyen «promover valores democráticos y buena gobernanza» y apoyar la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho.
Para cumplir con ese mandato, el Asesor Especial Dodd y su equipo deben revisar la creciente evidencia de empeoramiento de los abusos a los derechos humanos en el sistema de justicia y presionar al gobierno dominicano para poner fin a las violaciones de derechos humanos, asegurar la rendición de cuentas de los perpetradores e inmediatamente cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos del país.