El blanqueamiento de los abusos a los derechos humanos en la República Dominicana está colapsando. El pasado jueves, tras el trágico incendio en la Penitenciaría Nacional de La Victoria que causó al menos 13 muertes, el diputado Eugenio Cedeño del Partido Revolucionario Moderno (PRM) del Presidente Luis Abinader se unió al creciente coro de voces que exigen que la administración del sistema penitenciario sea retirada del escandaloso Ministerio Público.

“La Procuraduría ha demostrado una gran irresponsabilidad, insensibilidad y falta de gestión en ese sentido. No es desde ahora que vienen ocurriendo estos hechos” Cedeño dijo.

De hecho, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos han estado advirtiendo sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos en el sistema de justicia de la República Dominicana durante meses. El gobierno de Abinader solo había respondido con negaciones y minimizando la evidencia para mejorar su imagen en lugar de aceptar responsabilidad.

La tragedia en La Victoria hace que sea mucho más difícil seguir negando los abusos que se están cometiendo.

  • El 29 de febrero – tres semanas antes del incendio de La Victoria – grupos de la sociedad civil liderados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD) enfrentaron al gobierno dominicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.C., con evidencia de condiciones «infrahumanas» de hacinamiento en el sistema penitenciario. El gobierno dominicano respondió con desinformación y afirmó que la evidencia representaba «exageraciones extremas«.
  • La Oficina Nacional de la Defensa Pública, una organización dominicana de asistencia jurídica, se ha unido a la CNDH-RD para vincular el hacinamiento carcelario con el uso rutinario de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público en hasta el 80% de todos los casos de presos en violación de la ley dominicana. En resumen, los fiscales arrestan a personas bajo órdenes de prisión preventiva y niegan el debido proceso, a menudo encarcelando a personas sin juicio por períodos superiores a la sentencia máxima por su presunto delito. Muchos nunca ven el interior de una sala de audiencias. Estas prácticas violan múltiples artículos de la Carta Americana de Derechos Humanos y podrían traer graves consecuencias jurídicas para la República Dominicana ante tribunales internacionales. No ha habido intervención de la fiscal general Miriam Germán Brito ni de ningún funcionario del gobierno de Abinader para poner fin a estas prácticas.
  • En noviembre de 2023, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (GTDA) condenó al gobierno de Abinader por violar múltiples disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Humanos que prohíben el arresto arbitrario. El GTDA concluyó que los fiscales Yeni Berenice y Wilson Camacho, de la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), “orquestado” una “campaña de descrédito público” e “interrumpió sistemáticamente” el derecho a la defensa del ex Procurador General Jean Alain Rodríguez Sánchez. El gobierno de Abinader respondió calificando de “chantajear” la opinión legal del organismo de la ONU.
  • El Informe Nacional sobre Prácticas de Derechos Humanos en la República Dominicana de 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos documentó “informes creíbles” de “asesinatos ilegales o arbitrarios cometidos por fuerzas de seguridad gubernamentales; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la policía y otros agentes gubernamentales; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales”, así como “detenciones arbitrarias e injerencias arbitrarias en la privacidad”.
  • Además, el gobierno de los Estados Unidos no ha hecho público cuántos ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales (RPLs) han sido arrestados arbitrariamente o están actualmente detenidos bajo órdenes ilegales de prisión preventiva en la República Dominicana. No se recibió respuesta después de que se enviará una consulta por escrito al Secretario de Estado Antony Blinken en agosto de 2023 exigiendo esta información. Tampoco la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo ha anunciado si ciudadanos estadounidenses o LPRs resultaron heridos o muertos en el incendio de La Victoria la semana pasada.

Presentaciones recientes en Washington, D.C., indican que el gobierno de Abinader ha contratado al ex director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, para «gestión del riesgo reputacional» relacionado con la imagen de los derechos humanos de la República Dominicana.

El contrato, que fue revelado bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de los Estados Unidos, indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores está pagando a Vivanco US$1.4 millones por sus servicios de asesoramiento. Dado la abrumadora evidencia de graves violaciones a los derechos humanos y el creciente escrutinio de los observadores internacionales de derechos humanos, es hora de que el gobierno de Abinader deje de negar y minimizar las crisis en la prisión preventiva y el hacinamiento