Listín Diario, un importante diario de la República Dominicana, informa que el Ministerio Público dominicano solicitó órdenes de prisión preventiva en el 98% de todas las medidas coercitivas (i.e. antes de que se presentaran cargos) durante los primeros cuatro meses de 2024. Esto no es solo una clara violación del derecho dominicano sino de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y debido proceso.
Según el código procesal penal dominicano, la prisión preventiva antes de la presentación de cargos sólo puede utilizarse en circunstancias limitadas y extremas, cuando exista: 1) riesgo de fuga demostrable; o 2) evidencia de que el individuo ha obstruido una investigación o tiene la intención de hacerlo. Sin embargo, Listín Diario informa que los procuradores utilizan la prisión preventiva simplemente por conveniencia en lugar de seguir la ley, aplicando una “regla del 98%” ilegal para solicitar la prisión preventiva en casi todos los casos en los que no presentan cargos.
Recientemente, la Procuradora General dominicana, Míriam Germán Brito, criticó el mal uso de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público durante su anuncio de salida. Reiteró que la prisión preventiva debe ser la «excepción» y no la práctica estándar del Ministerio Público.
Generalmente, el uso indebido de la prisión preventiva claramente no es un problema reciente. Es una práctica sistémica arraigada en el sistema de justicia dominicano en violación del debido proceso y otras normas de derechos humanos.
“Justicia al estilo dominicano”
Actualmente, el 80% de los presos en RD se encuentran bajo prisión preventiva según la Comisión Nacional Dominicana de Derechos Humanos (CNDH-RD). Muchos de estos detenidos permanecen retenidos entre “tres y 18 meses… con algunas detenciones que, según informes, duraban años” antes de ser acusado formalmente o incluso de recibir una cita en la corte, como en el Informe de país 2023 del Departamento de Estado de EE. UU. sobre prácticas de derechos humanos en la República Dominicana.
Esto coloca a la RD entre los primeros países del mundo en el uso de la prisión preventiva, junto con la República Centroafricana y Gabón.
Colapso del sistema penitenciario de la RD
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado la prisión preventiva como el principal factor detrás de las continuas violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario de la República Dominicana. Debido al uso generalizado de la prisión preventiva, los centros penitenciarios dominicanos – originalmente diseñados para 12,000 reclusos – ahora albergan a 26,000 detenidos, a muchos de los cuales se les ha negado el debido proceso.
Sólo este año se han producido varios incidentes mortales debido al hacinamiento en las cárceles de Higüey, La Victoria, Samaná y Barahona, que han experimentado motines e incendios que resultaron en víctimas mortales. Además, abundan los informes sobre condiciones carcelarias inhumanas, que ponen de relieve cuestiones como la denegación de atención médica, el abuso físico y la falta de necesidades básicas.
Mientras Míriam Germán Brito se acerca a su partida, el próximo Procurador General de la República Dominicana debe revertir las violaciones desenfrenadas de la ley dominicana y las normas de derechos humanos por parte del Ministerio Público, o las condenas de estos abusos sólo se intensificarán.