¿Cumplirá el jefe de la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas la decisión del Consejo de Derechos Humanos?
Han pasado casi dos meses desde que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (GTDA) publicó un informe explosivo que documentaba importantes violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Abinader, particularmente contra el exfiscal general Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Mientras la decisión del GTDA ha sido desestimada sumariamente por los fiscales dominicanos que son los árbitros de la crisis de prisión preventiva del país, el silencio de la administración de Biden ha sido ensordecedor.
Esta semana, en nombre de la Iniciativa de Justicia Dominicana, el presidente del Fondo de Liderazgo Hispano, Mario H. López, envió una carta a la embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas (ONU) Linda Thomas-Greenfield instando a que se cumpla la condena de la ONU a las acciones del gobierno dominicano y llevar a cabo reformas rápidas a su sistema sistémico de privación de libertad.
El informe del GTDA reveló que la principal duo fiscal de la República Dominicana, Yeni Berenice y Wilson Camacho, en su calidad de jefes de la Fiscalía Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), “orquestaron” una “campaña de descrédito público” y “interrumpió sistemáticamente” el derecho a la defensa. En la carta a la embajadora Thomas-Greenfield, el Sr. López también señaló que “según registros públicos e informes en los medios de comunicación de la República Dominicana, la Sra. Berenice Reynoso ha llevado a cabo acciones idénticas o similares detalladas en la decisión del GTDA contra docenas de otras personas en otros casos.»
La carta instaba además a la embajadora Thomas-Greenfield a “reforzar públicamente el mandato del GTDA y el Consejo de Derechos Humanos”, y dado que está claro que el gobierno dominicano no va a acatar la decisión del GTDA, es necesaria “una visita al país” “para garantizar que el gobierno implemente sus recomendaciones y ponga fin a la crisis de prisión preventiva”.
Legisladores estadounidenses y de la ONU llaman a la acción mientras la administración de Biden permanece en silencio
La crisis de la prisión preventiva en la República Dominicana no es nueva ni está contenida. Ya en 1999, la Organización de Estados Americanos (OEA) criticó duramente el uso de la prisión preventiva por parte de la República Dominicana por infringir el derecho al debido proceso, así como los “casos de detención prolongada” que violan “el derecho a la presunción de inocencia garantizado por el artículo 8.2” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Un informe de la agencia dominicana de asistencia jurídica Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) muestra que, en casi 25 años, nada ha cambiado: hasta el 70 por ciento de todos los detenidos en prisiones de la República Dominicana se encuentran actualmente tras las rejas bajo una orden de prisión preventiva, detenidos por meses o años sin conocer los cargos o las pruebas en su contra.
En una carta al secretario de Estado Antony Blinken, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul, expresó su profunda preocupación por el hecho de que los estadounidenses se hayan visto atrapados en la crisis de prisión preventiva de la República Dominicana. McCaul expresó su alarma porque el Departamento de Estado “no tiene una contabilidad completa del número de estadounidenses que están actualmente encarcelados en el país”, y llamó la atención sobre la “cuestión endémica de la prisión preventiva” que ha impactado a “los dominicanos, y muy probablemente, los estadounidenses también”.
Las preocupaciones del chairman McCaul fueron compartidas por el representante estadounidense Troy Nehls en una carta dirigida al Inspector General del Departamento de Justicia, en la que cuestionaba si el dinero de los impuestos estadounidenses se estaba utilizando para detener indebidamente a ciudadanos estadounidenses en la República Dominicana. El representante Nehls estaba, con razón, preocupado de que los fondos de los contribuyentes «se utilicen para negar injustificadamente los derechos al debido proceso de los ciudadanos estadounidenses y residentes legales que viven fuera de los EE. UU.»
A pesar del flagrante maltrato a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, la Administración de Biden ha extendido la alfombra roja al gobierno dominicano e ignoró continuamente un patrón de privación arbitraria de libertad que la ONU y los legisladores estadounidenses han condenado. Desde la reunión del presidente Abinader en la Casa Blanca en otoño hasta la reciente visita a la República Dominicana del Director de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Tom Pérez, la Administración Biden está elevando un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos.
Mientras el resto de la Administración de Biden está permitiendo que Berenice, Camacho y todo el gobierno dominicano se salgan con la suya con flagrantes violaciones de derechos humanos e injusticia sistémica, la embajadora Thomas-Greenfield tiene la oportunidad de demostrar el liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial. Es imperativo que la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas refuerce el mandato del Consejo de Derechos Humanos y ayude a poner fin a la prisión preventiva en la República Dominicana.