Las Naciones Unidas han publicado una condena explosiva del uso de la prisión preventiva por parte de la República Dominicana y su total desprecio por el estado de derecho. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU encontró que el comportamiento del gobierno dominicano en el caso del ex Procurador General de la Republica Jean Rodríguez Sánchez violó los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de Declaración Universal de Derechos Humanos los artículos 2, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La práctica de la prisión preventiva por parte de los fiscales dominicanos violó el “derecho a un juicio imparcial” y afirmó que “la prisión preventiva debe ser la excepción y no la norma”. En los términos más enérgicos posibles, el WGAD también condenó la “persecución” llevada a cabo por Yeni Berenice Reynoso, Directora de Persecución de la Procuraduría General de la República Dominicana, y planteó dudas sobre la independencia del sistema de justicia dominicano.

Parte del papel del WGAD es «investigar casos de privación de libertad impuesta de manera arbitraria o inconsistente» con los estándares establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos. El WGAD afirma que sus opiniones son «legalmente vinculantes en la medida en que se basan en derecho internacional vinculante” y son “considerados autorizados por destacadas instituciones judiciales internacionales y regionales”. En cualquier caso, el organismo de la ONU ha sacado a la luz el uso excesivo de la prisión preventiva por parte de la República Dominicana y ha expuesto el deliberado desprecio del Ministerio Público por los principios básicos del debido proceso.

La opinión adoptada arroja luz sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en la República Dominicana y expuso el deliberado desprecio por parte del Ministerio Público de los principios básicos del debido proceso.

Las conclusiones de la ONU también confirman las preocupaciones que el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, planteó en su carta al Secretario de Estado Antony Blinken, en la que cuestionaba las “graves cuestiones de justicia penal”, incluido el “problema de larga data” de la prisión preventiva. La carta del presidente McCaul planteó la cuestión de cuántos estadounidenses han quedado atrapados en la red dominicana de injusticia, lo que llevó al representante Troy Nehls a pedir al Inspector General del Departamento de Justicia que investigara si algún programa “respalda entidades en la República Dominicana que implementan políticas de detención preventiva que resulten en en ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes encarcelados en la República Dominicana sin cargos”.

ONU condena violaciones de derechos humanos por parte de Yeni Berenice Reynoso

El informe del WGAD señala a Yeni Berenice Reynoso, como “protagonista” de “una campaña de descrédito público” que “han orquestado” desde el gobierno, e “interrumpió sistemáticamente” el derecho a la defensa. Estos actos “violaron los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 26 del Pacto”.

De hecho, la Procuraduría General ha negado que exista algún problema con la prisión preventiva, pero sus acciones junto con los jueces que la permitieron llevaron al WGAD a remitir el caso “al Relatora Especial sobre la independencia de jueces y abogados” dada su incapacidad a “considerar que la autoridad judicial a cargo de la detención del Sr. Rodríguez Sánchez sea independiente e imparcial”.

El informe indicó que el gobierno dominicano no participaría ni respondería cooperativamente con la investigación. En cambio, respondió después de que el informe se hiciera público con un comunicado de prensa con carga política, firmado conjuntamente por Berenice Reynoso, que atacaba la legitimidad del Grupo de Trabajo de la ONU. Berenice dijo que la decisión del WGAD “constituye una grave intromisión que atenta contra la independencia del Poder Judicial de República Dominicana”, ataca a todo el sistema de la ONU y descarta cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos como “chantaje”.

El Presidente Biden y el secretario Blinken ya no pueden hacer la vista gorda

El WGAD instó al gobierno dominicano “a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Rodríguez Sánchez y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.” El gobierno dominicano tiene seis meses para tomar medidas que atiendan las violaciones planteadas en la decisión del WGAD, aunque la postura del Ministerio Público y las declaraciones de Berenice Reynoso dejan claro que no tienen intención de hacerlo.

Jueces y juristas dominicanos, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ahora el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han señalado lo que está muy claro: el sistema de justicia penal de la República Dominicana está plagado de politización y viola regularmente los derechos al debido proceso.

El uso excesivo de la prisión preventiva es una situación desesperada que no se ha abordado durante más de 25 años. La administración Biden ya no puede ignorar los continuos abusos de los derechos humanos y el desprecio del derecho internacional en la República Dominicana.