El derecho a la libertad personal es una libertad básica reconocida por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) y garantizada por las constituciones de las principales democracias del mundo.

Los Principios de Buenas Prácticas para la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas  de la OEA establecen claramente: «La ley garantizará que la libertad personal sea  la regla general en los procedimientos judiciales y administrativos, y que  la privación preventiva de libertad se aplique como excepción, de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos».

En la República Dominicana, la prisión preventiva se ha convertido claramente en la regla, no en la excepción. Más del 70 por ciento de la población carcelaria está detenida con carácter preventivo. Ayer, Listín Diario informó que de los 25.641 reclusos en la cárcel dominicana, 10.654 están cumpliendo condena, mientras que 14.807 están en prisión preventiva, como «una medida de coerción». Los niveles de prisión preventiva están causando preocupación «entre abogados y profesores universitarios, que piden a los jueces y fiscales que dejen de hacer un uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva.«

Milton Ray Guevara, Presidente de la Corte Constitucional, es uno de los que critican el uso excesivo de la prisión preventiva en el sistema de justicia penal. Ayer, el presidente del máximo tribunal del país declaró que «la detención preventiva en la República Dominicana era un verdadero problema»  y que «se deben encontrar soluciones para superar estas dificultades».  Los comentarios de Ray Geuvara se hacen eco de las preocupaciones  de Luis Henry Molina, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Pablo Ulloa, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia; Jorge Subero Isa, ex  presidente de la Corte Suprema de Justicia; así como los funcionarios electos Ramón Alfonso Genao, Aníbal Díaz, Sandro Sánchez, Amado Díaz y Dionicio Restituyo, este último es presidente  de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

Según la fiscal Berenice, Camacho, no hay nada que ver aquí

Si bien las voces respetadas del poder judicial y los tribunales constitucionales identifican la crisis humanitaria que enfrenta la República Dominicana, los fiscales continúan minimizando y minimizando la magnitud del problema.

A principios de esta semana, Wilson Camacho, el fiscal adjunto de Pepca (Fiscalía contra la Corrupción Administrativa) se burló de los encarcelados y sus familias en una serie de publicaciones en X minimizando la crisis. Ayer, Yeni Berenice, una compañera fiscal de Pepca, también recurrió a las redes sociales para minimizar la gravedad de la crisis de detención preventiva de la República Dominicana.

En su perfil en X, Berenice se describe a sí misma como una admiradora de Nelson Mandela. Haría bien en que la República Dominicana recordara el famoso adagio de Mandela: «Se dice que nadie conoce realmente una nación hasta que uno ha estado dentro de sus cárceles. Una nación no debe ser juzgada por cómo trata a sus ciudadanos más altos, sino a los más bajos».

El gobierno dominicano afirma que la tasa de detención preventiva es peor en Estados Unidos

El gobierno dominicano sabe que tiene un problema real que ha sido expuesto después de que el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Michael McCaul, enviara una carta al Departamento de Estado expresando su preocupación por la cantidad de estadounidenses detenidos en las cárceles de la República Dominicana.

Mientras que los fiscales de Pepca minimizaron la gravedad  de la crisis, Roberto Hernández Basilio, Director General de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), intentó adelantarse a la respuesta del Departamento de Estado a McCaul publicando las estadísticas de su oficina. Durante su campaña de relaciones públicas, Hernández Basilio afirmó que  «la República Dominicana tiene una tasa de detención preventiva menos desfavorable que la de los propios Estados Unidos».

Esta sería una afirmación irrisoria si miles de personas no estuvieran sufriendo actualmente en las cárceles del Sr. Hernández Basilio sin el debido proceso.  La prisión preventiva se utiliza en la República Dominicana como medida coercitiva contra los acusados, donde miles de personas permanecen detenidas durante meses o años sin conocer nunca los cargos en su contra. Hacer comparaciones espurias no puede cambiar los hechos sobre la crisis humanitaria bajo la administración del Sr. Hernández Basilio.