La “desconexión” dentro de la Administración de Biden por la crisis humanitaria en el sistema penitenciario de la República Dominicana, recientemente planteada como una preocupación por el Chairman Michael McCaul (R-TX) del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Estados Unidos, parece estar empeorando.
Luego de la participación de la República Dominicana en el evento “Democracy Delivers” con la Administradora de la Administración de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo emitió un comunicado en el que anunció nuevos compromisos de dólares de los contribuyentes para apoyar la reforma institucional en la República Dominicana.
“En los últimos años, la República Dominicana se ha destacado como un país democrático donde la sociedad civil está empoderada para exigir reformas, nuevas políticas y cambios amplios que beneficien a los más vulnerables”, dijo el director interino de USAID, David Billings.
La condición de las cárceles dominicanas es una aborrecible crisis humanitaria que exige intervención. A principios de este mes, Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), informó que el número de prisioneros preventivos en República Dominicana está aumentando, no disminuyendo. El problema de la crisis de la detención preventiva es el factor clave que contribuye al hacinamiento en la República Dominicana.
El panorama que se desprende del informe de la ONDP es particularmente sombrío. La prisión dominicana más grande, La Victoria, fue construida para albergar a 2.000 reclusos. Actualmente cuenta con más de 7.500, más de la mitad de los cuales se encuentran en prisión preventiva. Los reclusos duermen habitualmente en el suelo y contraen enfermedades mortales como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y afecciones de la piel. Según la ONDP, la prisión “no tiene condiciones para brindar exámenes médicos periódicos a cada uno de los reclusos”.
Más del 50% de los presos en la prisión de La Victoria se encuentran recluidos con carácter preventivo, lo que agrava el hacinamiento y las condiciones de salud pública. Fuente: Oficina Nacional de Defensa Publica.
Esta es la realidad diaria que enfrenta la población más vulnerable de la República Dominicana, y solo está empeorando. Si bien la administradora Power y el director Billings celebran a la República Dominicana como un punto brillante democrático y defienden sus reformas, guardan completo silencio sobre la crisis de detención preventiva que está exacerbando el hacinamiento y los problemas de salud en las cárceles dominicanas.
Es hora de pensar en soluciones. “Debemos replantear el problema”, afirmó Santos del ONDP. “Es clave revisar los criterios internacionalmente aceptados para la imposición de [la prisión preventiva], a la luz de las protecciones formuladas por los pactos y convenios de derechos humanos”.
Aquí es donde deben intervenir agencias como USAID. Se necesitará liderazgo de Washington para garantizar que la República Dominicana le ponga fin al uso excesivo de la prisión preventiva y aborde finalmente la desesperada crisis humanitaria en sus prisiones. En lugar de eventos pro forma seguidos de señales de virtud y compromisos sin sentido, el Administrador Power y el Director Interino Billings deberían trabajar con sus homólogos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y escuchar a defensores como el director Santos y otros líderes dominicanos de derechos civiles que claman por ayuda internacional.
Es una vergüenza que el liderazgo de USAID en Washington y Santo Domingo sigan disimulando esta crisis humanitaria como si no existiera. Ya es hora de garantizar que la misión de USAID trabaje para proteger a los miembros más vulnerables de la República Dominicana y defender los valores democráticos.